A diferencia del Programa para la Modernización Educativa de Carlos Salinas y del Programa de Desarrollo Educativo de Ernesto Zedillo, el documento base de la política educativa del actual gobierno presenta un apartado con algunos lineamientos normativos que debían orientar el desarrollo de la educación del país.
En la parte intitulada, hacia un pensamiento educativo para México se discuten las nociones de justicia y equidad educativa, las concepciones de identidad nacional y el papel de la educación en su fortalecimiento, la construcción de una ética pública sustentada en valores democráticos, la dimensión multicultural que debe poseer la instrucción escolar, la responsabilidad pública sobre la educación sustentada en la participación de la sociedad, la innovación educativa en la sociedad del conocimiento y, por último, se reconoce la complejidad de introducir cambios debido al anquilosamiento de la estructura del sistema educativo mexicano, a su dimensión, al exceso de normas, a la falta de recursos y a la falta de continuidad y consistencia de los programas educativos.
El Enfoque Educativo para el Siglo XXI precisa que en 2025, la educación mexicana será:
Equitativa y con buena calidad porque asegurará igualdad de oportunidades de ingreso, permanencia y logro académico.
Pertinente porque responderá a las necesidades de las personas y a los requerimientos del desarrollo nacional.
Incluyente porque atenderá la diversidad cultural regional, étnica y lingüística del país.
Integralmente formativa porque combinará propósitos científicos y técnicos, con una concepción de humanismo para nuestro tiempo.
Un aspecto relevante de esta prospectiva reside en que considera al cambio organizacional como un factor de alta incidencia en el mejoramiento de la calidad académica. Por ello se afirma que el centro de gravedad del sistema educativo se habrá ubicado en cada escuela e institución, con las estructuras intermedias y superiores al servicio de lo que ocurre en aquéllas. Aunque este objetivo ya se había enunciado desde sexenios anteriores, es muy valioso que se reafirme y se consideren a las escuelas como organizaciones abiertas capaces de establecer mejores formas de interacción con las comunidades en que se encuentran ubicadas a fin manifestar que la educación es tarea de todos y no sólo, nos parece, propiedad de una burocracia sindical o, como la manifiesta el Programa, responsabilidad exclusiva del gobierno.
Otros aspectos más puntuales que el PNE menciona y que también consideramos como notables son el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, así como los cambios radicales de concepción en la Educación Básica para Adultos. Además, se le ha dado un fuerte impulso a la e-educación lo cual sugiere otras manera de acceder a la instrucción académica, fuera de las estructuras de tiempo y espacio.
Una vez habiendo dicho que el programa educativo de Fox destaca por la inclusión de aspectos teórico-normativos, por su visión prospectiva y por la desagregación de sus metas y acciones, pasemos ahora a analizar si el buen diseño de la agenda puede traducirse en una eficiente implementación de políticas públicas en materia educativa.
Examinando la política educativa. En primer lugar habría que decir que el PNE establece tres objetivos estratégicos que a su vez deben desarrollarse en los subprogramas de cada nivel y tipo educativo.
Estos objetivos son:
1.-Avanzar hacia la equidad en educación.
2.-Proporcionar una educación de calidad adecuada a las necesidades de todos los mexicanos.
3.-Impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional y la participación social.
En esta oportunidad no podremos analizar el proceso de federalización y descentralización de los servicios educativos, los cambios en la composición del subsistema de educación superior o qué ha pasado con el Compromiso Social por la Calidad de la Educación que, según se dijo, transformaría la enseñanza y el aprendizaje para la nuevas generaciones. Sólo nos abocaremos a comentar algunos programas y políticas que, a nuestro juicio, constituyen un buen referente para conocer hasta cierto grado, el desempeño del auto-nombrado gobierno del cambio.
Siguiendo con la política de equidad, se puede inferir que la meta de cobertura en la educación media superior está en riesgo de no cumplirse. Y esto lo decimos tomando en cuenta el bajo crecimiento en la proporción de estudiantes que cursaron el bachillerato del año 2000 al ciclo escolar 2002-2003.
Al principio del sexenio la proporción de estudiantes entre 16 y 18 años que cursaba el bachillerato era de 47 por ciento, mientras que para el ciclo escolar 2002-2003 esta proporción ascendió a 51.5 por ciento (que corresponde a 3 295 300 estudiantes, de acuerdo al tercer Informe). Es decir, la tasa de cobertura en este nivel educativo aumentó 4.5 puntos porcentuales. ¿Qué se espera para 2006.
El PNE estableció que al final del sexenio deberá haber 59 por ciento de jóvenes de la edad respectiva en el bachillerato. Cumplir esta meta implica que aumente 7.5 puntos porcentuales la actual tasa de cobertura, lo cual significaría un aumento absoluto, entre 2003 y 2007, de poco más de 600 000 alumnos, al pasar de 3 295 300 a 3 900 000.
El modelo de educación básica para la población infantil migrante, que está orientado a brindar servicios de educación primaria, en 2006, a todos los hijos de jornaleros agrícolas migrantes. En México hay entre 400 mil y 700 mil niños en ésta difícil situación.
La puesta en marcha de un modelo pedagógico que atienda las necesidades educativas de los niños en situación de calle, que se supone iniciaría desde el 2002.
Existen dos puntos que nos parecen de suma relevancia para conocer el avance que tuvo el gobierno foxista en materia educativa. El primero se refiere a la política de financiamiento a la educación y el segundo discute la participación de la sociedad en los asuntos educativos.
Antes de abordar el primer punto, cabe acotar que el trabajo de la legislatura LXVIII, la pasada, es un buen referente en materia presupuestaria y jurídica para hacer un balance de la atención y tratamiento brindado a la agenda nacional de educación. Entre el PNE y el trabajo legislativo puede observarse un gran hueco.
Habiendo hecho este apretado, y por tanto, limitado, repaso de la política educativa del gobierno de Vicente Fox, concluimos que:
Pese a la agenda educativa consistentemente delineada, el gobierno, en algunos casos, ha logrado magros resultados que ponen en riesgo el cumplimiento de las metas propuestas.
Da la impresión que los programas innovadores de Fox marchan sin una debida retroalimentación. Aún desconocemos si el funcionamiento del PEC o el de participación social están acarreando los beneficios esperados como para colocar a la educación más cerca de la visión prospectiva establecida por el actual gobierno.
Y por último, uno de los aprendizajes más importantes de estos tres años de gobierno ha sido que el desarrollo de la educación depende en gran medida de otros actores políticos y no sólo de la voluntad del Ejecutivo.
Revista Educación 2001, Núm. 139, Diciembre de 2006; Pp. 7 - 46
lunes, 5 de diciembre de 2011
La Polititica Educativa de Vicente Fox Q
En el Informe de Gobierno de Fox se reporta que en el ciclo escolar 2002-2003 se dotó de útiles escolares a 4.5 millones de alumnos, se asesoró en términos pedagógicos a casi 40 mil escuelas y a 122 mil docentes y se entregaron apoyos económicos a las asociaciones de padres de familia de 12 009 jardines de niños y 47 mil escuelas primarias, superando en cinco mil apoyos los otorgados en el ciclo escolar anterior. Este esfuerzo gubernamental, hay que decirlo, seguramente sí ha incidido en el aumento de la matrícula en educación básica, sobre todo en la de secundaria. El número de estudiantes registrados en la secundaria ha crecido, del año 2000 a la fecha, 8.7 por ciento mientras que el incremento de la matrícula en preescolar y en primaria ha sido de 2% y 0.1%, respectivamente. Ahora hay casi medio millón de jóvenes más estudiando el último tramo de la educación básica de los que había al principio del sexenio y esto se debe en parte a la expansión de los programas compensatorios. Pero lo que aún está pendiente de discutir es si estos apoyos realmente contribuyen a que los niños de los estratos más desfavorecidos adquieran habilidades al parejo que sus contrapartes de los sectores sociales más favorecidos.
El tema indígena, que si bien es objeto en el PNE de dos políticas en el nivel básico, como ya mencionó que a su vez involucran a 9 programas y a cerca de 23 metas específicas a cubrir en el sexenio-, constituye uno de los rezagos ancestrales y peor atendidos de nuestro sistema educativo. Para muestra, algunas metas planteadas: duplicar en 2006 la cobertura de educación inicial indígena, lograr en 2006 que el 95 por ciento de los niños indígenas de 6 años ingresen a la escuela primaria, aumentar índices de aprobación y de eficiencia terminal en las escuelas primarias interculturales bilingües, mejorar el aprendizaje de las competencias básicas de los niños y jóvenes indígenas, asegurar en 2004 que 95 por ciento de los maestros bilingües hablen la lengua indígena predominante en la comunidad a la que sirven y que cuenten con licenciatura, que en el 2004 se incorpore la lengua indígena como asignatura en la educación bilingüe intercultural.
Definir calidad en el medio educativo es sumamente complejo. El Observatorio hace notar que hay diferentes nociones de calidad para cada nivel educativo, por ejemplo, en básica la calidad se define en función del desarrollo de capacidades cognoscitivas fundamentales [...]; para el nivel medio superior no hay una definición explícita, pero se hace referencia a los conocimientos y destrezas para incorporarse al mundo laboral o continuar estudios de tipo superior [...] y en el nivel universitario, se define en términos de su contribución a la satisfacción de las necesidades del país.
Dentro de este rubro se discutirá, muy brevemente, uno de los programas estrella del gobierno de Fox: El de Escuelas de Calidad (PEC). Este programa tiene como objetivo "transformar la organización y el funcionamiento de las escuelas, institucionalizando la cultura y el ejercicio de la planeación y la evaluación mediante la reflexión colectiva" . Esto es perfectamente congruente con la visión prospectiva discutida con antelación, en donde la escuela debe ser en un futuro el centro de gravedad del sistema educativo.
Para el Observatorio este programa constituye la estrategia de reforma educativa del actual gobierno y, como en su momento se dijo, es muy distinta de las intentadas en sexenios anteriores ya que se basa en la libre determinación de cada escuela, se focaliza en escuelas marginadas, procede de abajo hacia arriba, es adicional a las acciones macro de la burocracia educativa e intenta movilizar a todos los actores de la escuela en busca de mayor calidad y mayor equidad.
Aunque es prematuro hacer un juicio de este programa, las evaluaciones externas que se están llevando nos ayudarán conocer qué otros factores, aparte del cambio organizacional, inciden en el aprovechamiento escolar de las niñas y niños mexicanos. Aunado a esto, sería ideal que la SEP complementara estos esfuerzos dando a conocer la forma en que sus análisis internos están siendo utilizados en el nivel escolar. ¿Son accesibles estos estudios para los directores y profesores de las escuelas de calidad?.
En este marco de comentarios sobre la calidad debe también mencionarse el papel que ha desempeñado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa a poco más de un año de su creación. El INEE ha avanzado en diferentes frentes. Por ejemplo, ha hecho una meticulosa depuración de datos, ha utilizado algunos estándares de evaluación antes desconocidos y ha aprovechado evaluaciones internacionales como el PISA para realizar sus estudios. Con un adecuado tratamiento, esta información contribuirá a ampliar el conocimiento que hasta el momento se tiene de la educación básica y, por consiguiente, habrá mejores bases para diseñar e implementar políticas orientadas a mejorar la calidad de las escuelas mexicanas, sin dejar de tomar en cuenta, dadas las características distintivas y complejas de nuestro sistema educativo, y como ya lo menciona el INEE en su Primer Informe Anual 2003, denominado La calidad de la educación básica en México, que son necesarios también, además de diagnósticos confiables, los consensos entre actores, las estrategias integrales y una reforma estructural.
Habiendo hecho este apretado, y por tanto, limitado, repaso de la política educativa del gobierno de Vicente Fox, concluimos que:
Pese a la agenda educativa consistentemente delineada, el gobierno, en algunos casos, ha logrado magros resultados que ponen en riesgo el cumplimiento de las metas propuestas. ¿A qué se debe esto? ¿Es un problema meramente de implementación de política pública? ¿Hasta dónde la impericia política ha sido una la barrera para dar cabal cumplimiento a los compromisos adquiridos? ¿Qué tendrá que hacer al actual gobierno y especialmente la SEP, para contrarrestar la inercia del sistema y demostrar que la educación mexicana está cambiando favorablemente?.
Da la impresión que los programas innovadores de Fox marchan sin una debida retroalimentación. Aún desconocemos si el funcionamiento del PEC o el de participación social están acarreando los beneficios esperados como para colocar a la educación más cerca de la visión prospectiva establecida por el actual gobierno.
La responsabilidad y compromiso de los legisladores, del magisterio, de los especialistas, de los jefes de familia, de los empresarios y de las organizaciones de la llamada sociedad civil se han hecho patentes a través de cada una de sus acciones, ahora habría que preguntarse si tales intervenciones han estado acorde al interés público o sólo han perseguido el interés partidista, ideológico o monetario que tanto han afectado el verdadero cambio democrático que requiere el país.
Observatorio Ciudadano de la Observación.OCE La Politica Educativa De Fox.
www.observatorio.org/publicaciones/politica.html
El tema indígena, que si bien es objeto en el PNE de dos políticas en el nivel básico, como ya mencionó que a su vez involucran a 9 programas y a cerca de 23 metas específicas a cubrir en el sexenio-, constituye uno de los rezagos ancestrales y peor atendidos de nuestro sistema educativo. Para muestra, algunas metas planteadas: duplicar en 2006 la cobertura de educación inicial indígena, lograr en 2006 que el 95 por ciento de los niños indígenas de 6 años ingresen a la escuela primaria, aumentar índices de aprobación y de eficiencia terminal en las escuelas primarias interculturales bilingües, mejorar el aprendizaje de las competencias básicas de los niños y jóvenes indígenas, asegurar en 2004 que 95 por ciento de los maestros bilingües hablen la lengua indígena predominante en la comunidad a la que sirven y que cuenten con licenciatura, que en el 2004 se incorpore la lengua indígena como asignatura en la educación bilingüe intercultural.
Definir calidad en el medio educativo es sumamente complejo. El Observatorio hace notar que hay diferentes nociones de calidad para cada nivel educativo, por ejemplo, en básica la calidad se define en función del desarrollo de capacidades cognoscitivas fundamentales [...]; para el nivel medio superior no hay una definición explícita, pero se hace referencia a los conocimientos y destrezas para incorporarse al mundo laboral o continuar estudios de tipo superior [...] y en el nivel universitario, se define en términos de su contribución a la satisfacción de las necesidades del país.
Dentro de este rubro se discutirá, muy brevemente, uno de los programas estrella del gobierno de Fox: El de Escuelas de Calidad (PEC). Este programa tiene como objetivo "transformar la organización y el funcionamiento de las escuelas, institucionalizando la cultura y el ejercicio de la planeación y la evaluación mediante la reflexión colectiva" . Esto es perfectamente congruente con la visión prospectiva discutida con antelación, en donde la escuela debe ser en un futuro el centro de gravedad del sistema educativo.
Para el Observatorio este programa constituye la estrategia de reforma educativa del actual gobierno y, como en su momento se dijo, es muy distinta de las intentadas en sexenios anteriores ya que se basa en la libre determinación de cada escuela, se focaliza en escuelas marginadas, procede de abajo hacia arriba, es adicional a las acciones macro de la burocracia educativa e intenta movilizar a todos los actores de la escuela en busca de mayor calidad y mayor equidad.
Aunque es prematuro hacer un juicio de este programa, las evaluaciones externas que se están llevando nos ayudarán conocer qué otros factores, aparte del cambio organizacional, inciden en el aprovechamiento escolar de las niñas y niños mexicanos. Aunado a esto, sería ideal que la SEP complementara estos esfuerzos dando a conocer la forma en que sus análisis internos están siendo utilizados en el nivel escolar. ¿Son accesibles estos estudios para los directores y profesores de las escuelas de calidad?.
En este marco de comentarios sobre la calidad debe también mencionarse el papel que ha desempeñado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa a poco más de un año de su creación. El INEE ha avanzado en diferentes frentes. Por ejemplo, ha hecho una meticulosa depuración de datos, ha utilizado algunos estándares de evaluación antes desconocidos y ha aprovechado evaluaciones internacionales como el PISA para realizar sus estudios. Con un adecuado tratamiento, esta información contribuirá a ampliar el conocimiento que hasta el momento se tiene de la educación básica y, por consiguiente, habrá mejores bases para diseñar e implementar políticas orientadas a mejorar la calidad de las escuelas mexicanas, sin dejar de tomar en cuenta, dadas las características distintivas y complejas de nuestro sistema educativo, y como ya lo menciona el INEE en su Primer Informe Anual 2003, denominado La calidad de la educación básica en México, que son necesarios también, además de diagnósticos confiables, los consensos entre actores, las estrategias integrales y una reforma estructural.
Habiendo hecho este apretado, y por tanto, limitado, repaso de la política educativa del gobierno de Vicente Fox, concluimos que:
Pese a la agenda educativa consistentemente delineada, el gobierno, en algunos casos, ha logrado magros resultados que ponen en riesgo el cumplimiento de las metas propuestas. ¿A qué se debe esto? ¿Es un problema meramente de implementación de política pública? ¿Hasta dónde la impericia política ha sido una la barrera para dar cabal cumplimiento a los compromisos adquiridos? ¿Qué tendrá que hacer al actual gobierno y especialmente la SEP, para contrarrestar la inercia del sistema y demostrar que la educación mexicana está cambiando favorablemente?.
Da la impresión que los programas innovadores de Fox marchan sin una debida retroalimentación. Aún desconocemos si el funcionamiento del PEC o el de participación social están acarreando los beneficios esperados como para colocar a la educación más cerca de la visión prospectiva establecida por el actual gobierno.
La responsabilidad y compromiso de los legisladores, del magisterio, de los especialistas, de los jefes de familia, de los empresarios y de las organizaciones de la llamada sociedad civil se han hecho patentes a través de cada una de sus acciones, ahora habría que preguntarse si tales intervenciones han estado acorde al interés público o sólo han perseguido el interés partidista, ideológico o monetario que tanto han afectado el verdadero cambio democrático que requiere el país.
Observatorio Ciudadano de la Observación.OCE La Politica Educativa De Fox.
www.observatorio.org/publicaciones/politica.html
Los Bonos Educativos y la Crisis de la Universidad Pública
Los Bonos Educativos y la Crisis de la Universidad Pública
La política educativa heredada por el régimen neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, que impulsó cambios constitucionales y de la legislación de la educación, orientó al sistema educativo de México hacia dos metas fundamentales: a la reducción de la matrícula y del financiamiento gubernamental de las universidades públicas y a la promoción y el avance de los intereses bancarios en la educación superior.
En la educación media, el hecho más significativo es la disminución del gasto federal el que además se concentra preferentemente en las opciones técnicas en detrimento del bachillerato de tipo universitario y humanístico, el más demandado por los jóvenes en esas edades. La situación se torna dramática si se toma en cuenta lo ocurrido en la educación superior.
La peligrosa reducción del gasto educativo por habitante y por alumno, la disminución del incremento de la matrícula, la opción gubernamental casi exclusiva a favor de las instituciones tecnológicas y la reorientación de los recursos públicos a las instituciones de educación superior privadas en detrimento de la educación pública, son factores combinados que se multiplican y producen que se cuenten por millones los jóvenes del grupo de edad de 20 a 24 años, que son excluidos de la educación superior y los que difícilmente podrán encontrar un empleo bien remunerado.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 1999 se propuso reducir el gasto educativo en inversión en 37.5 por ciento en comparación con el año 1998, reducción a la que se opuso la Cámara de Diputados. Esta política de inversión educativa es compensada de modo creciente por un mayor gasto de los padres de familia.
La política educativa del gobierno de Ernesto Zedillo contribuyó poderosamente a la crisis de la Universidad Nacional (UNAM) y con ello al conjunto del sistema de universidades financiadas por el Estado. Entre los efectos más graves de este proceso que podemos llamar de liquidación de las universidades públicas, la Universidad de Guadalajara señala las muy graves consecuencias en cuanto a escolarización en el plano comparativo.
Los efectos adversos para el desarrollo del país como resultado de la política educativa de los últimos años se observa también al comparar la escolaridad de la educación media y superior entre los países del TLC, México, Estados Unidos y Canadá. Los efectos del desfinanciamiento de la educación se observan en el gasto por alumno en la educación superior.
Las desventajas comparativas cada día más acentuadas, también se observan en las grandes diferencias en el salario de los profesores
El Grupo Financiero Bancomer, en agosto de 1999, publicó un folleto titulado Educación para el Crecimiento Económico.
Es importante revelar los argumentos bancarios para apropiarse del presupuesto público para la educación y para subastar y entregar a manos privadas los establecimientos y las instalaciones destinadas a la educación pública.
Para que una economía sea exitosa en términos de crecimiento sostenido y equidad, se requieren tres condiciones fundamentales. La primera es que el arreglo institucional que enmarca la actividad de los agentes económicos provea los incentivos adecuados para una asignación eficiente de recursos, definiendo y protegiendo los derechos de propiedad. La segunda condición es que el marco macroeconómico sea estable. Y la tercera es que se de una continua acumulación de capital humano a través de un sistema educativo de alta calidad.
La idea encierra el propósito de los bancos de apropiarse de los recursos públicos destinados a la educación (218 mil millones de pesos para 199922), y orientarlos a las empresas educativas en manos de particulares. Tal vez era este el propósito a mediano plazo de los cambios constitucionales de 1992 y 1993.
El sistema de bonos propuesto, varias veces comentado con entusiasmo por el presidente Ernesto Zedillo, exige también la evaluación por parte de los bancos junto con empresas particulares del tipo del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), del desempeño de las escuelas y de los profesores.
La larga huelga estudiantil de la Universidad Nacional (marzo de 1999 - febrero del 2000), interrumpida por la intervención de la Policía Federal Preventiva en las instalaciones de los planteles universitarios, es resultado de la inconformidad de numerosos jóvenes que perciben que el nuevo proyecto educativo prevé reducir su nivel de formación para obligarlos a optar por formaciones técnicas que garantizan la producción de una abundante fuerza de trabajo con bajos salarios a la medida de las necesidades de algunas empresas trasnacionales. El conflicto social que este designio engendra, se agravó con la presencia policial en las instalaciones universitarias que polariza el enfrentamiento y genera nuevas expresiones de beligerancia de quienes en el gobierno y en la Universidad Nacional se proponen, con la ayuda de la represión, imponer nuevas restricciones a la matrícula y al financiamiento de la universidad pública
La política educativa heredada por el régimen neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, que impulsó cambios constitucionales y de la legislación de la educación, orientó al sistema educativo de México hacia dos metas fundamentales: a la reducción de la matrícula y del financiamiento gubernamental de las universidades públicas y a la promoción y el avance de los intereses bancarios en la educación superior.
En la educación media, el hecho más significativo es la disminución del gasto federal el que además se concentra preferentemente en las opciones técnicas en detrimento del bachillerato de tipo universitario y humanístico, el más demandado por los jóvenes en esas edades. La situación se torna dramática si se toma en cuenta lo ocurrido en la educación superior.
La peligrosa reducción del gasto educativo por habitante y por alumno, la disminución del incremento de la matrícula, la opción gubernamental casi exclusiva a favor de las instituciones tecnológicas y la reorientación de los recursos públicos a las instituciones de educación superior privadas en detrimento de la educación pública, son factores combinados que se multiplican y producen que se cuenten por millones los jóvenes del grupo de edad de 20 a 24 años, que son excluidos de la educación superior y los que difícilmente podrán encontrar un empleo bien remunerado.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 1999 se propuso reducir el gasto educativo en inversión en 37.5 por ciento en comparación con el año 1998, reducción a la que se opuso la Cámara de Diputados. Esta política de inversión educativa es compensada de modo creciente por un mayor gasto de los padres de familia.
La política educativa del gobierno de Ernesto Zedillo contribuyó poderosamente a la crisis de la Universidad Nacional (UNAM) y con ello al conjunto del sistema de universidades financiadas por el Estado. Entre los efectos más graves de este proceso que podemos llamar de liquidación de las universidades públicas, la Universidad de Guadalajara señala las muy graves consecuencias en cuanto a escolarización en el plano comparativo.
Los efectos adversos para el desarrollo del país como resultado de la política educativa de los últimos años se observa también al comparar la escolaridad de la educación media y superior entre los países del TLC, México, Estados Unidos y Canadá. Los efectos del desfinanciamiento de la educación se observan en el gasto por alumno en la educación superior.
Las desventajas comparativas cada día más acentuadas, también se observan en las grandes diferencias en el salario de los profesores
El Grupo Financiero Bancomer, en agosto de 1999, publicó un folleto titulado Educación para el Crecimiento Económico.
Es importante revelar los argumentos bancarios para apropiarse del presupuesto público para la educación y para subastar y entregar a manos privadas los establecimientos y las instalaciones destinadas a la educación pública.
Para que una economía sea exitosa en términos de crecimiento sostenido y equidad, se requieren tres condiciones fundamentales. La primera es que el arreglo institucional que enmarca la actividad de los agentes económicos provea los incentivos adecuados para una asignación eficiente de recursos, definiendo y protegiendo los derechos de propiedad. La segunda condición es que el marco macroeconómico sea estable. Y la tercera es que se de una continua acumulación de capital humano a través de un sistema educativo de alta calidad.
La idea encierra el propósito de los bancos de apropiarse de los recursos públicos destinados a la educación (218 mil millones de pesos para 199922), y orientarlos a las empresas educativas en manos de particulares. Tal vez era este el propósito a mediano plazo de los cambios constitucionales de 1992 y 1993.
El sistema de bonos propuesto, varias veces comentado con entusiasmo por el presidente Ernesto Zedillo, exige también la evaluación por parte de los bancos junto con empresas particulares del tipo del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), del desempeño de las escuelas y de los profesores.
La larga huelga estudiantil de la Universidad Nacional (marzo de 1999 - febrero del 2000), interrumpida por la intervención de la Policía Federal Preventiva en las instalaciones de los planteles universitarios, es resultado de la inconformidad de numerosos jóvenes que perciben que el nuevo proyecto educativo prevé reducir su nivel de formación para obligarlos a optar por formaciones técnicas que garantizan la producción de una abundante fuerza de trabajo con bajos salarios a la medida de las necesidades de algunas empresas trasnacionales. El conflicto social que este designio engendra, se agravó con la presencia policial en las instalaciones universitarias que polariza el enfrentamiento y genera nuevas expresiones de beligerancia de quienes en el gobierno y en la Universidad Nacional se proponen, con la ayuda de la represión, imponer nuevas restricciones a la matrícula y al financiamiento de la universidad pública
martes, 22 de noviembre de 2011
Cultura Politica y Politica Educativa en el Sexenio de Ernesto Zedillo
Cultura Politica y Politica Educativa en el Sexenio de Ernesto Zedillo
Para lo que es el periodo de presidencia del señor Zedillo, iba en curso con el modelo neoliberal que precedía en ese momento y que dejaría cambios en la educación, con cambios que se pretendían como en periodos anteriores el de la modernización como base, que postraba valores como la igualdad y el nacionalismo que precedían desde hace mucho a la educación, viendo a la escuela como una fuente de desarrollo para el progreso.
Uno de los cambios mas radicales fue la reformulación del articulo 3ro en la cual se dio obligatoriedad de 6-9 años a escolares y de la ley general de educación, se dio un respaldo jurídico para que esos cambios se proyectasen mejor con ello planes y programas fueron reformulados y contextualizados a las nuevas necesidades del país, se continuaba con el programa solidaridad ya un mas con el de dotar de becas a quienes no podían o no tenían los suficientes recursos, se podía percatar que para ello la educación era una forma de inversión que cuando empezasen a laboral serian cobradas esa inversión, se podría decir que se tomaba a toda la población desde indígenas, un punto a desigualdad era el racismo hacia los indígenas que hacia menos adecuado la incorporación de ellos al sistema escolar, en vez de tomarlos como objeto de orgullo de culturas preexistentes y que siguen con tradiciones en la cual se deben crear condiciones y formas en las cuales ellos puedan participar, marginados,los cuales con ayuda del programas compensatorios se podían incorporar con apoyo monetario, migrantes y con necesidades especiales.
Para ello se evaluaría la forma en que las instituciones conciben el conocimiento, es por ello que se les retribuiría con “estímulos” de manera individual y de manera institucional. También por la limitación hacia las universidades públicas se crearon universidades técnicas que llevaban un modelo técnico en sus estudios, esto reflejaba la desigualdad y la poca atención que s ele prestaba a la educación es por ello que su calidad se veía afectada y aun mas por la duda de que si las cifras representadas eran verdaderamente las reales y no alteraciones para cubrir las deficiencias de los gobiernos anteriores.
Una parte importante fue cubrir la demanda de educación primaria, pues aun existían rezagos de personas sin escolaridad o que truncaban sus estudios, muchos de ellos afectados por la migración, dando para ello inscripción abierta, sin embargo se puede percatar que a pesar de esfuerzos eran mas las escuelas privadas las que tenían un seguimiento educativo que las publicas y aun mas por la incorporación de universidades tecnológicas, que hacían saber que el conocimientos científico y la tecnología eran lo mas importante para el desarrollo dando en ellos entrenamiento como prácticas para su incorporación a empresas, por ello se consultaban las necesidades laborales para poder en ellos replantear planes y poder dar satisfacción a esas necesidades.
Por ello la federalización fue lo más relevante pues daba una vinculación mas solida a la educación evaluación, financiamiento y demás. Pues con la descentralización se daba la administración, para que estos mejoraran a los públicos, que tuviese un sistema fiscal más fuerte cuyos recursos dotaran de calidad da la educación. Muchas veces lo que se pretendía era vincular la formación escolar con habilidades para y en el trabajo.
Se continuo con recompensas monetarios a docentes que seguían con su carrera magisterial y para ellos se dieron programas o subsidios que aportarían dinero para la mejora de la educación.
Se puede decir que a pesar del cambió presidencial se continuaba con las mismas deficiencias que antes, que muchas veces al darle prioridad a algo se descuidan muchas mas.
Noriega Chavez Margarita; (Coord)Cultura Politica y Politica Educativa en elsexenio de Ernesto Zedillo, Plaza y Valdez-UPN, 2005 Pp, 17 - 58
Para lo que es el periodo de presidencia del señor Zedillo, iba en curso con el modelo neoliberal que precedía en ese momento y que dejaría cambios en la educación, con cambios que se pretendían como en periodos anteriores el de la modernización como base, que postraba valores como la igualdad y el nacionalismo que precedían desde hace mucho a la educación, viendo a la escuela como una fuente de desarrollo para el progreso.
Uno de los cambios mas radicales fue la reformulación del articulo 3ro en la cual se dio obligatoriedad de 6-9 años a escolares y de la ley general de educación, se dio un respaldo jurídico para que esos cambios se proyectasen mejor con ello planes y programas fueron reformulados y contextualizados a las nuevas necesidades del país, se continuaba con el programa solidaridad ya un mas con el de dotar de becas a quienes no podían o no tenían los suficientes recursos, se podía percatar que para ello la educación era una forma de inversión que cuando empezasen a laboral serian cobradas esa inversión, se podría decir que se tomaba a toda la población desde indígenas, un punto a desigualdad era el racismo hacia los indígenas que hacia menos adecuado la incorporación de ellos al sistema escolar, en vez de tomarlos como objeto de orgullo de culturas preexistentes y que siguen con tradiciones en la cual se deben crear condiciones y formas en las cuales ellos puedan participar, marginados,los cuales con ayuda del programas compensatorios se podían incorporar con apoyo monetario, migrantes y con necesidades especiales.
Para ello se evaluaría la forma en que las instituciones conciben el conocimiento, es por ello que se les retribuiría con “estímulos” de manera individual y de manera institucional. También por la limitación hacia las universidades públicas se crearon universidades técnicas que llevaban un modelo técnico en sus estudios, esto reflejaba la desigualdad y la poca atención que s ele prestaba a la educación es por ello que su calidad se veía afectada y aun mas por la duda de que si las cifras representadas eran verdaderamente las reales y no alteraciones para cubrir las deficiencias de los gobiernos anteriores.
Una parte importante fue cubrir la demanda de educación primaria, pues aun existían rezagos de personas sin escolaridad o que truncaban sus estudios, muchos de ellos afectados por la migración, dando para ello inscripción abierta, sin embargo se puede percatar que a pesar de esfuerzos eran mas las escuelas privadas las que tenían un seguimiento educativo que las publicas y aun mas por la incorporación de universidades tecnológicas, que hacían saber que el conocimientos científico y la tecnología eran lo mas importante para el desarrollo dando en ellos entrenamiento como prácticas para su incorporación a empresas, por ello se consultaban las necesidades laborales para poder en ellos replantear planes y poder dar satisfacción a esas necesidades.
Por ello la federalización fue lo más relevante pues daba una vinculación mas solida a la educación evaluación, financiamiento y demás. Pues con la descentralización se daba la administración, para que estos mejoraran a los públicos, que tuviese un sistema fiscal más fuerte cuyos recursos dotaran de calidad da la educación. Muchas veces lo que se pretendía era vincular la formación escolar con habilidades para y en el trabajo.
Se continuo con recompensas monetarios a docentes que seguían con su carrera magisterial y para ellos se dieron programas o subsidios que aportarían dinero para la mejora de la educación.
Se puede decir que a pesar del cambió presidencial se continuaba con las mismas deficiencias que antes, que muchas veces al darle prioridad a algo se descuidan muchas mas.
Noriega Chavez Margarita; (Coord)Cultura Politica y Politica Educativa en elsexenio de Ernesto Zedillo, Plaza y Valdez-UPN, 2005 Pp, 17 - 58
miércoles, 2 de noviembre de 2011
“La Educación Nacional en el Sexenio 1988 - 1994.”
“La Educación Nacional en el Sexenio 1988 - 1994.”
Aguilar Pérez David
15 – Nov. – 2011 Control 15
“La Educación Nacional en el Sexenio 1988 - 1994”.
Las reformas, supuestas en el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), se intensificaron con Carlos Salinas (1988-1994) al identificarse como componentes de un amplio proceso de modernización social, económica y política. La descentralización de la administración pública en los años ochenta es una propuesta que se produce debido a la saturación que sufre la administración federal como resultado de una excesiva centralización y a la necesidad de las administraciones locales de actuar con la autonomía que consigna el régimen formal que las regula. El agotamiento del esquema de gestión centralizada se hizo evidente cuando el modelo de desarrollo adoptado llevó al país a una situación de crisis, que se vio agudizada justamente a partir también de esa década.
La modernización educativa propuesta por Salinas (1989) se insertó en el contexto de la reforma del Estado y los cambios acelerados en la economía. Después de décadas de manejo centralizado, el sistema educativo mexicano inició una etapa nueva en su desarrollo y en particular en su servicio de tipo básico que integra los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, así como en la formación inicial y en servicio de los docentes de educación básica.
En 1992 se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), mediante el cual el gobierno federal, a través de la SEP, transfirió a los gobiernos de los estados los servicios de educación básica y los de formación inicial y en servicio de los docentes. El ANMEB fue suscrito por los gobernadores de los estados.
Además de las reformas del artículo constitucional, su ley reglamentaria incluyó asuntos fundamentales como el financiamiento, la equidad, la evaluación y la participación social, en especial la de los padres y madres de familia o tutores.
El gobierno federal, a través de la SEP, determina el monto de la transferencia federal a los estados con base en tres elementos:
1. El gasto corriente comprometido que principalmente se destina al pago de nómina.
2. Las prioridades programáticas de la autoridad federal como programas de equidad, calidad, e introducción de nuevas tecnologías.
3. Los fondos que se destinan a los gobiernos de los estados para la infraestructura educativa.
Entre 1920 y 1950 el sistema educativo mexicano creció en forma constante pero moderada. Durante esos años, la enseñanza primaria se concentraba principalmente en el medio urbano y los niveles superiores tenían un carácter restringido. Ese patrón de crecimiento acabó a mediados de la década cincuenta, dando lugar a un gran ciclo expansivo de treinta años que concluyó en los años ochenta.
A partir de 1982, bajo el impacto de la crisis económica, el sistema educativo mexicano se internó en un nuevo periodo con dos momentos claramente definidos: disminución progresiva de los ritmos de crecimiento y decremento absoluto en el número de estudiantes.
La tendencia de alto crecimiento del grupo de 6 a 24 años se modificó sensiblemente en los años ochenta al crecer a ritmos menores y disminuir su proporción en la población total.
En 1990, el sistema tenía alrededor de 250 mil alumnos menos que en 1986. El crecimiento acumulado entre 1981 y 1990 es de 18.5%, con un reclutamiento de 3,821,385 nuevos alumnos. La tasa media anual de crecimiento en esos años se sitúa en 1.71%
A partir de 1980 la primaria inicia un periodo que va de la disminución de los ritmos de crecimiento al decrecimiento absoluto de la matrícula. En esa década la primaria presentó una tasa media anual negativa (-0.18%). A pesar de ello, se redujo el abandono escolar del primero al segundo grado, disminuyó ligeramente el porcentaje de población repetidora en esos grados y mejoró significativamente la eficiencia terminal.
Alumnos por escuelas en cada nivel. 1980 - 1990
Una política estatal es dependiente de los objetivos propuestos en la misma. Del mismo modo una política debe ser producto del consenso entre los actores cuya actividad está ligada a los objetivos planteados, para ello es requisito imprescindible la participación de los personajes involucrados, y se requiere que estos últimos entiendan cuál es el camino para alcanzar las metas, así como es imprescindible la necesaria consistencia de las tendencias oficiales.
Durante el Sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el Estado y las instituciones de educación superior, representadas por la ANUIES, realizaron esfuerzos para llevar a cabo acciones de consenso, que permitieran la oportuna planificación de la educación superior. Como parte del proceso que se generó en torno a la elaboración de acciones consensuadas, se realizaron documentos que dan buena cuenta de la tendencia educativa tanto del Ejecutivo Federal como de la ANUIES. Estos manuscritos fueron: Declaraciones y aportaciones de la ANUIES para la modernización de la educación superior; Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 Programa para la Modernización de la educación tecnológica superior 1989 - 1994; Programa para la Modernización Educativa 1989 - 1994: educación superior y de postgrado e investigación científica, humanística y tecnológica; Programa Nacional de Ciencia y Tecnología y, por último, entre los documentos de análisis, Consolidación y desarrollo del sistema nacional de educación superior.
La elevación de la escolaridad de la población; la descentralización de la educación y la distribución adecuada de la función educativa a los requerimientos de su modernización y de las características de los diversos sectores integrantes de la sociedad y el fortalecimiento de la participación social en el quehacer educativo.
I.- Mejorar la calidad del sistema educativo en congruencia con los propósitos del desarrollo nacional
Comprender el proceso que se elaboró en torno al mejoramiento de la calidad educativa en el nivel de educación superior analicé los siguientes puntos: planes de estudios, contenidos y métodos de enseñanza; formación y condiciones del profesorado; y por último, coordinación, planeación, gestión y administración.
2.- Formación y condiciones del profesorado.
La estrategia de la ANUIES consistía en la elaboración de propuestas para mantener y mejorar la calidad académica, el compromiso y la participación institucional, así como, las condiciones de trabajo.
3.- Coordinación, planeación, gestión y administración.
Entre los objetivos del documento de PROIDES, la ANUIES y el Ejecutivo Federal se encuentra el de mejorar la planeación y coordinación en los ámbitos institucionales e interinstitucionales, para elevar la calidad de los servicios y desarrollar un auténtico sistema integral de educación superior, reforzando sus funciones de coordinación, planeación y programación, asimismo, pretendían mejorar y modernizar la normatividad y simplificar la administración de la instituciones de educación superior, haciéndola transparente y eficiente con respecto a los recursos nacionales que le son asignados.
Bibliografía:
De Regil Vélez, José Rafael (coord.) 1988 – 1994. Ilusión y desaliento; Balance del sexenio Salinista. México, UIA (Col. Análisis de la realidad mexicana No; 19), Pp. 59 – 67.
Aguilar Pérez David
15 – Nov. – 2011 Control 15
“La Educación Nacional en el Sexenio 1988 - 1994”.
Las reformas, supuestas en el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), se intensificaron con Carlos Salinas (1988-1994) al identificarse como componentes de un amplio proceso de modernización social, económica y política. La descentralización de la administración pública en los años ochenta es una propuesta que se produce debido a la saturación que sufre la administración federal como resultado de una excesiva centralización y a la necesidad de las administraciones locales de actuar con la autonomía que consigna el régimen formal que las regula. El agotamiento del esquema de gestión centralizada se hizo evidente cuando el modelo de desarrollo adoptado llevó al país a una situación de crisis, que se vio agudizada justamente a partir también de esa década.
La modernización educativa propuesta por Salinas (1989) se insertó en el contexto de la reforma del Estado y los cambios acelerados en la economía. Después de décadas de manejo centralizado, el sistema educativo mexicano inició una etapa nueva en su desarrollo y en particular en su servicio de tipo básico que integra los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, así como en la formación inicial y en servicio de los docentes de educación básica.
En 1992 se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), mediante el cual el gobierno federal, a través de la SEP, transfirió a los gobiernos de los estados los servicios de educación básica y los de formación inicial y en servicio de los docentes. El ANMEB fue suscrito por los gobernadores de los estados.
Además de las reformas del artículo constitucional, su ley reglamentaria incluyó asuntos fundamentales como el financiamiento, la equidad, la evaluación y la participación social, en especial la de los padres y madres de familia o tutores.
El gobierno federal, a través de la SEP, determina el monto de la transferencia federal a los estados con base en tres elementos:
1. El gasto corriente comprometido que principalmente se destina al pago de nómina.
2. Las prioridades programáticas de la autoridad federal como programas de equidad, calidad, e introducción de nuevas tecnologías.
3. Los fondos que se destinan a los gobiernos de los estados para la infraestructura educativa.
Entre 1920 y 1950 el sistema educativo mexicano creció en forma constante pero moderada. Durante esos años, la enseñanza primaria se concentraba principalmente en el medio urbano y los niveles superiores tenían un carácter restringido. Ese patrón de crecimiento acabó a mediados de la década cincuenta, dando lugar a un gran ciclo expansivo de treinta años que concluyó en los años ochenta.
A partir de 1982, bajo el impacto de la crisis económica, el sistema educativo mexicano se internó en un nuevo periodo con dos momentos claramente definidos: disminución progresiva de los ritmos de crecimiento y decremento absoluto en el número de estudiantes.
La tendencia de alto crecimiento del grupo de 6 a 24 años se modificó sensiblemente en los años ochenta al crecer a ritmos menores y disminuir su proporción en la población total.
En 1990, el sistema tenía alrededor de 250 mil alumnos menos que en 1986. El crecimiento acumulado entre 1981 y 1990 es de 18.5%, con un reclutamiento de 3,821,385 nuevos alumnos. La tasa media anual de crecimiento en esos años se sitúa en 1.71%
A partir de 1980 la primaria inicia un periodo que va de la disminución de los ritmos de crecimiento al decrecimiento absoluto de la matrícula. En esa década la primaria presentó una tasa media anual negativa (-0.18%). A pesar de ello, se redujo el abandono escolar del primero al segundo grado, disminuyó ligeramente el porcentaje de población repetidora en esos grados y mejoró significativamente la eficiencia terminal.
Alumnos por escuelas en cada nivel. 1980 - 1990
Una política estatal es dependiente de los objetivos propuestos en la misma. Del mismo modo una política debe ser producto del consenso entre los actores cuya actividad está ligada a los objetivos planteados, para ello es requisito imprescindible la participación de los personajes involucrados, y se requiere que estos últimos entiendan cuál es el camino para alcanzar las metas, así como es imprescindible la necesaria consistencia de las tendencias oficiales.
Durante el Sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el Estado y las instituciones de educación superior, representadas por la ANUIES, realizaron esfuerzos para llevar a cabo acciones de consenso, que permitieran la oportuna planificación de la educación superior. Como parte del proceso que se generó en torno a la elaboración de acciones consensuadas, se realizaron documentos que dan buena cuenta de la tendencia educativa tanto del Ejecutivo Federal como de la ANUIES. Estos manuscritos fueron: Declaraciones y aportaciones de la ANUIES para la modernización de la educación superior; Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 Programa para la Modernización de la educación tecnológica superior 1989 - 1994; Programa para la Modernización Educativa 1989 - 1994: educación superior y de postgrado e investigación científica, humanística y tecnológica; Programa Nacional de Ciencia y Tecnología y, por último, entre los documentos de análisis, Consolidación y desarrollo del sistema nacional de educación superior.
La elevación de la escolaridad de la población; la descentralización de la educación y la distribución adecuada de la función educativa a los requerimientos de su modernización y de las características de los diversos sectores integrantes de la sociedad y el fortalecimiento de la participación social en el quehacer educativo.
I.- Mejorar la calidad del sistema educativo en congruencia con los propósitos del desarrollo nacional
Comprender el proceso que se elaboró en torno al mejoramiento de la calidad educativa en el nivel de educación superior analicé los siguientes puntos: planes de estudios, contenidos y métodos de enseñanza; formación y condiciones del profesorado; y por último, coordinación, planeación, gestión y administración.
2.- Formación y condiciones del profesorado.
La estrategia de la ANUIES consistía en la elaboración de propuestas para mantener y mejorar la calidad académica, el compromiso y la participación institucional, así como, las condiciones de trabajo.
3.- Coordinación, planeación, gestión y administración.
Entre los objetivos del documento de PROIDES, la ANUIES y el Ejecutivo Federal se encuentra el de mejorar la planeación y coordinación en los ámbitos institucionales e interinstitucionales, para elevar la calidad de los servicios y desarrollar un auténtico sistema integral de educación superior, reforzando sus funciones de coordinación, planeación y programación, asimismo, pretendían mejorar y modernizar la normatividad y simplificar la administración de la instituciones de educación superior, haciéndola transparente y eficiente con respecto a los recursos nacionales que le son asignados.
Bibliografía:
De Regil Vélez, José Rafael (coord.) 1988 – 1994. Ilusión y desaliento; Balance del sexenio Salinista. México, UIA (Col. Análisis de la realidad mexicana No; 19), Pp. 59 – 67.
jueves, 27 de octubre de 2011
Ley general de Educación 1993
Ley general de Educación 1993
Esta Ley regula la educación que imparte el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.
Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.
La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.
El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria.
La educación que el Estado imparta será laica y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.
La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, además de los fines establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.
Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.
La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público.
La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia Ley establece.
El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta Ley, con excepción de aquéllas que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 12 y 13.
El gobierno de cada entidad federativa promoverá la participación directa del ayuntamiento para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales. El gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo.
El educador es promotor, coordinador, facilitador y agente directo del proceso educativo.
Las autoridades educativas proporcionarán los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento.
Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las autoridades competentes. En el caso de los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español.
El Estado otorgará un salario profesional digno, que permita al profesorado de los planteles del propio Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia; puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y para realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional.
Las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clase y, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia, calidad y eficiencia.
En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán prioridad, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función docente. Asimismo, se fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades escolares y la participación de los padres de familia.
El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado - Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.
En el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores de esta sección, el
Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional.
En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.
Son de interés social las inversiones que en materia educativa realicen el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares.
Esta Ley regula la educación que imparte el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.
Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.
La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.
El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria.
La educación que el Estado imparta será laica y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.
La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, además de los fines establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.
Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.
La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público.
La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia Ley establece.
El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta Ley, con excepción de aquéllas que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 12 y 13.
El gobierno de cada entidad federativa promoverá la participación directa del ayuntamiento para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales. El gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo.
El educador es promotor, coordinador, facilitador y agente directo del proceso educativo.
Las autoridades educativas proporcionarán los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento.
Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las autoridades competentes. En el caso de los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español.
El Estado otorgará un salario profesional digno, que permita al profesorado de los planteles del propio Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia; puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y para realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional.
Las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clase y, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia, calidad y eficiencia.
En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán prioridad, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función docente. Asimismo, se fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades escolares y la participación de los padres de familia.
El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado - Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.
En el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores de esta sección, el
Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional.
En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.
Son de interés social las inversiones que en materia educativa realicen el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares.
miércoles, 26 de octubre de 2011
Estado Educacion y Sociedad
“Crisis, Educación y poder en México.”
Aguilar Pérez David
25 – Oct. – 2011 Control 13
Capitulo III
“Estado, Educación y Sociedad”.
Se dieron a conocer puntos para elevar la calidad de la enseñanza en las instituciones de educación media superior con el fin de impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que representan líneas generales de la política oficial con respecto a este sexenio; a partir de dos puntos importantes:
1. Respeto a la autonomía universitaria.
2. Reconocimiento a la obligación del Estado para promover una educación superior de calidad.
Una tendencia para aplicar criterios para el impulso de la investigación científica y tecnológica, es el alto costo y no tendrían el acceso un gran sector de la población.
El estado asume una responsabilidad significativa en la asignación de los recursos para elevar los niveles educativos y culturales de la población. Ajustar el proyecto económico con el educativo requiere de un cambio de orientación y definición de los fines de la educación.
Promover las tareas de investigación e innovación y enfatizar la cultura científica en todos los niveles del sistema, con el propósito de disminuir el rezago que nos separa de los países más avanzados, elevar la calidad educativa y vincular la educación tecnológica con los requerimientos del sistema productivo del país.
La modernización de la educación plantea como una exigencia nacional, la producción de la ciencia y la tecnología, pero tiene grandes limitantes, ya que, sin la comprensión de la necesidad histórica no hay participación de las mayorías ni de la identificación de sus reclamos con las políticas gubernamentales.
El sistema educativo refleja con nitidez la mala articulación del sistema social: estructuras autoritarias, antidemocráticas, escasa vinculación entre si y política y económicamente inoperantes.
Los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo en el aspecto educativo se desarrollan en el Programa de la Modernización Educativa 1989 – 1994, que sostiene que la modernidad educativa es indispensable para lograr los objetivos nacionales.
“La educación en México ha de reconstruir las oportunidades de una mejor vida a los mexicanos que menos tienen…”
Dicho programa retoma y establece los mecanismos para la calidad educativa. la actualización de programas, modificación de métodos de enseñanza, la actualización docente y la vinculación de la educación con la producción mantienen en un lugar privilegiado la igualdad de oportunidades, justicia social y desarrollo equilibrado como objetivo de la educación.
La educación, la ciencia y la tecnología, permitirán el desarrollo económico del país y eliminaran las desigualdades sociales entre los países industrializados.
La calidad, es la capacidad del egresado para entregarse a las fuerzas del mercado en una competencia ilimitada para determinar quien se ajusta más a las características del medio ocupacional para aumentar la productividad.
Ser eficiente, se entiende por, no entrar en polémica con la producción, no cuestionar la explotación a la que se somete el trabajador, y responder a las reglas establecidas por el capital. La calidad medida por la productividad, conduce a criterios mercantilistas y cuantitativos que despojan el sentido humano.
La transformación de la educación es interpretada como el sometimiento de las instituciones a las exigencias que le plantean las modificaciones que sufre la estructura económica del país.
Capitulo IV
“Universidad, Contexto Social y Proyecto Académico”.
La universidad ha visto las convulsiones y desafíos que le impone una época de crisis en los diversos órdenes de la vida nacional: el económico, el político y el social.
Las necesidades a las que responde una política académica están definidas por el parámetro contextual, y este considerado como uno de los referentes en la concepción de la elaboración de un proyecto académico y de la forma en que se manifiestan las tendencias, comportamientos, rasgos y características de la realidad y del momento socioeconómico.
El desarrollo del conocimiento científico se traduce en las necesidades que el diseño de un proyecto académico pretende satisfacer.
El grado de involucramiento de la comunidad depende de la forma de organización que presente la institución, de la incidencia que se tenga en la toma de decisiones académico – políticas, que estén presentes los intereses y expectativas de la comunidad y que participen en la definición y realización de proyectos.
Los objetivos de la universidad son transmitir y difundir la herencia cultural que explique los procesos sociales y naturales, ya que es propagadora de ideología que sustentan clases hegemónicas, por dar cabida al enfrentamiento de diversas formas de pensamiento y de conciencia que permiten realizar un análisis critico de la sociedad y de la cultura.
El fin de la universidad es la formación integral del individuo como un ser consiente y responsable, que se plantee interrogantes en el campo de conocimiento científico en el cotidiano, y que permita desarrollar una actividad cultural, sensibilizándolo para la comprensión de fenómenos sociales, políticos y económicos.
Para responder a la elevada matricula y desarrollar las actividades de investigación y extensión de la cultura, ha tenido que hacer modificaciones hacia la docencia y la eficacia académica y las relaciones maestro – alumno, por que se ha convertido en algo impersonal que limita el control sobre el aprendizaje de los alumnos.
La reducción de fuentes de empleo y la matricula elevada convierten a la docencia como una actividad que puede suplir la posibilidad de incorporarse a otra fuente de trabajo. Se convierte en una carga pesada, carente de incentivos en las que se producen y reproducen vicios que van en deterioro de una formación critica.
La educación se considera como el medio de formación de técnicos con escasa capacidad crítica o reflexiva, útiles o aprovechables para los fines de la producción.
Las limitaciones que enfrenta la vinculación entre la docencia y la investigación son; el reducido numero de profesores, la inestabilidad en el empleo y la carencia de programas específicos. En muchos aspectos la universidad sigue funcionando con los parámetros de la universidad tradicional, por que las tareas docentes y de investigación están fragmentadas.
Bibliografía:
Ruiz del Castillo, Amparo. “Crisis, Educación y poder en México.” Capítulos III y IV. México, Plaza y Valdés, 1998. 3ra. Reimpresión., pp. 75 – 105.
Aguilar Pérez David
25 – Oct. – 2011 Control 13
Capitulo III
“Estado, Educación y Sociedad”.
Se dieron a conocer puntos para elevar la calidad de la enseñanza en las instituciones de educación media superior con el fin de impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que representan líneas generales de la política oficial con respecto a este sexenio; a partir de dos puntos importantes:
1. Respeto a la autonomía universitaria.
2. Reconocimiento a la obligación del Estado para promover una educación superior de calidad.
Una tendencia para aplicar criterios para el impulso de la investigación científica y tecnológica, es el alto costo y no tendrían el acceso un gran sector de la población.
El estado asume una responsabilidad significativa en la asignación de los recursos para elevar los niveles educativos y culturales de la población. Ajustar el proyecto económico con el educativo requiere de un cambio de orientación y definición de los fines de la educación.
Promover las tareas de investigación e innovación y enfatizar la cultura científica en todos los niveles del sistema, con el propósito de disminuir el rezago que nos separa de los países más avanzados, elevar la calidad educativa y vincular la educación tecnológica con los requerimientos del sistema productivo del país.
La modernización de la educación plantea como una exigencia nacional, la producción de la ciencia y la tecnología, pero tiene grandes limitantes, ya que, sin la comprensión de la necesidad histórica no hay participación de las mayorías ni de la identificación de sus reclamos con las políticas gubernamentales.
El sistema educativo refleja con nitidez la mala articulación del sistema social: estructuras autoritarias, antidemocráticas, escasa vinculación entre si y política y económicamente inoperantes.
Los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo en el aspecto educativo se desarrollan en el Programa de la Modernización Educativa 1989 – 1994, que sostiene que la modernidad educativa es indispensable para lograr los objetivos nacionales.
“La educación en México ha de reconstruir las oportunidades de una mejor vida a los mexicanos que menos tienen…”
Dicho programa retoma y establece los mecanismos para la calidad educativa. la actualización de programas, modificación de métodos de enseñanza, la actualización docente y la vinculación de la educación con la producción mantienen en un lugar privilegiado la igualdad de oportunidades, justicia social y desarrollo equilibrado como objetivo de la educación.
La educación, la ciencia y la tecnología, permitirán el desarrollo económico del país y eliminaran las desigualdades sociales entre los países industrializados.
La calidad, es la capacidad del egresado para entregarse a las fuerzas del mercado en una competencia ilimitada para determinar quien se ajusta más a las características del medio ocupacional para aumentar la productividad.
Ser eficiente, se entiende por, no entrar en polémica con la producción, no cuestionar la explotación a la que se somete el trabajador, y responder a las reglas establecidas por el capital. La calidad medida por la productividad, conduce a criterios mercantilistas y cuantitativos que despojan el sentido humano.
La transformación de la educación es interpretada como el sometimiento de las instituciones a las exigencias que le plantean las modificaciones que sufre la estructura económica del país.
Capitulo IV
“Universidad, Contexto Social y Proyecto Académico”.
La universidad ha visto las convulsiones y desafíos que le impone una época de crisis en los diversos órdenes de la vida nacional: el económico, el político y el social.
Las necesidades a las que responde una política académica están definidas por el parámetro contextual, y este considerado como uno de los referentes en la concepción de la elaboración de un proyecto académico y de la forma en que se manifiestan las tendencias, comportamientos, rasgos y características de la realidad y del momento socioeconómico.
El desarrollo del conocimiento científico se traduce en las necesidades que el diseño de un proyecto académico pretende satisfacer.
El grado de involucramiento de la comunidad depende de la forma de organización que presente la institución, de la incidencia que se tenga en la toma de decisiones académico – políticas, que estén presentes los intereses y expectativas de la comunidad y que participen en la definición y realización de proyectos.
Los objetivos de la universidad son transmitir y difundir la herencia cultural que explique los procesos sociales y naturales, ya que es propagadora de ideología que sustentan clases hegemónicas, por dar cabida al enfrentamiento de diversas formas de pensamiento y de conciencia que permiten realizar un análisis critico de la sociedad y de la cultura.
El fin de la universidad es la formación integral del individuo como un ser consiente y responsable, que se plantee interrogantes en el campo de conocimiento científico en el cotidiano, y que permita desarrollar una actividad cultural, sensibilizándolo para la comprensión de fenómenos sociales, políticos y económicos.
Para responder a la elevada matricula y desarrollar las actividades de investigación y extensión de la cultura, ha tenido que hacer modificaciones hacia la docencia y la eficacia académica y las relaciones maestro – alumno, por que se ha convertido en algo impersonal que limita el control sobre el aprendizaje de los alumnos.
La reducción de fuentes de empleo y la matricula elevada convierten a la docencia como una actividad que puede suplir la posibilidad de incorporarse a otra fuente de trabajo. Se convierte en una carga pesada, carente de incentivos en las que se producen y reproducen vicios que van en deterioro de una formación critica.
La educación se considera como el medio de formación de técnicos con escasa capacidad crítica o reflexiva, útiles o aprovechables para los fines de la producción.
Las limitaciones que enfrenta la vinculación entre la docencia y la investigación son; el reducido numero de profesores, la inestabilidad en el empleo y la carencia de programas específicos. En muchos aspectos la universidad sigue funcionando con los parámetros de la universidad tradicional, por que las tareas docentes y de investigación están fragmentadas.
Bibliografía:
Ruiz del Castillo, Amparo. “Crisis, Educación y poder en México.” Capítulos III y IV. México, Plaza y Valdés, 1998. 3ra. Reimpresión., pp. 75 – 105.
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