lunes, 5 de diciembre de 2011

Los Bonos Educativos y la Crisis de la Universidad Pública

Los Bonos Educativos y la Crisis de la Universidad Pública

La política educativa heredada por el régimen neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, que impulsó cambios constitucionales y de la legislación de la educación, orientó al sistema educativo de México hacia dos metas fundamentales: a la reducción de la matrícula y del financiamiento gubernamental de las universidades públicas y a la promoción y el avance de los intereses bancarios en la educación superior.
En la educación media, el hecho más significativo es la disminución del gasto federal el que además se concentra preferentemente en las opciones técnicas en detrimento del bachillerato de tipo universitario y humanístico, el más demandado por los jóvenes en esas edades. La situación se torna dramática si se toma en cuenta lo ocurrido en la educación superior.
La peligrosa reducción del gasto educativo por habitante y por alumno, la disminución del incremento de la matrícula, la opción gubernamental casi exclusiva a favor de las instituciones tecnológicas y la reorientación de los recursos públicos a las instituciones de educación superior privadas en detrimento de la educación pública, son factores combinados que se multiplican y producen que se cuenten por millones los jóvenes del grupo de edad de 20 a 24 años, que son excluidos de la educación superior y los que difícilmente podrán encontrar un empleo bien remunerado.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 1999 se propuso reducir el gasto educativo en inversión en 37.5 por ciento en comparación con el año 1998, reducción a la que se opuso la Cámara de Diputados. Esta política de inversión educativa es compensada de modo creciente por un mayor gasto de los padres de familia.
La política educativa del gobierno de Ernesto Zedillo contribuyó poderosamente a la crisis de la Universidad Nacional (UNAM) y con ello al conjunto del sistema de universidades financiadas por el Estado. Entre los efectos más graves de este proceso que podemos llamar de liquidación de las universidades públicas, la Universidad de Guadalajara señala las muy graves consecuencias en cuanto a escolarización en el plano comparativo.
Los efectos adversos para el desarrollo del país como resultado de la política educativa de los últimos años se observa también al comparar la escolaridad de la educación media y superior entre los países del TLC, México, Estados Unidos y Canadá. Los efectos del desfinanciamiento de la educación se observan en el gasto por alumno en la educación superior.
Las desventajas comparativas cada día más acentuadas, también se observan en las grandes diferencias en el salario de los profesores
El Grupo Financiero Bancomer, en agosto de 1999, publicó un folleto titulado Educación para el Crecimiento Económico.
Es importante revelar los argumentos bancarios para apropiarse del presupuesto público para la educación y para subastar y entregar a manos privadas los establecimientos y las instalaciones destinadas a la educación pública.
Para que una economía sea exitosa en términos de crecimiento sostenido y equidad, se requieren tres condiciones fundamentales. La primera es que el arreglo institucional que enmarca la actividad de los agentes económicos provea los incentivos adecuados para una asignación eficiente de recursos, definiendo y protegiendo los derechos de propiedad. La segunda condición es que el marco macroeconómico sea estable. Y la tercera es que se de una continua acumulación de capital humano a través de un sistema educativo de alta calidad.

La idea encierra el propósito de los bancos de apropiarse de los recursos públicos destinados a la educación (218 mil millones de pesos para 199922), y orientarlos a las empresas educativas en manos de particulares. Tal vez era este el propósito a mediano plazo de los cambios constitucionales de 1992 y 1993.
El sistema de bonos propuesto, varias veces comentado con entusiasmo por el presidente Ernesto Zedillo, exige también la evaluación por parte de los bancos junto con empresas particulares del tipo del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), del desempeño de las escuelas y de los profesores.
La larga huelga estudiantil de la Universidad Nacional (marzo de 1999 - febrero del 2000), interrumpida por la intervención de la Policía Federal Preventiva en las instalaciones de los planteles universitarios, es resultado de la inconformidad de numerosos jóvenes que perciben que el nuevo proyecto educativo prevé reducir su nivel de formación para obligarlos a optar por formaciones técnicas que garantizan la producción de una abundante fuerza de trabajo con bajos salarios a la medida de las necesidades de algunas empresas trasnacionales. El conflicto social que este designio engendra, se agravó con la presencia policial en las instalaciones universitarias que polariza el enfrentamiento y genera nuevas expresiones de beligerancia de quienes en el gobierno y en la Universidad Nacional se proponen, con la ayuda de la represión, imponer nuevas restricciones a la matrícula y al financiamiento de la universidad pública

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